Hablamos con Alberto González, asesor jurídico experto en libertad de expresión, sobre el último informe publicado por la organización Freemuse acerca del estado de la libertad artística y la condena del rapero Pablo Hasél.
La ONG Freemuse, cuya función principal es analizar el impacto de la censura y los ataques a la libertad de expresión en la industria cultural alrededor del mundo, publica anualmente un informe en el que resume el estado de la libertad artística dentro del sector cultural alrededor de todo el mundo. En los informes de 2018, 2019 y 2020, en los que se recopilan los datos de los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente, España se situó como el país con más artistas sentenciados a cumplir condenas de prisión por el contenido de sus obras.
El último informe, en el que se encuentran los datos del año 2020, fue publicado el pasado 25 de febrero y, en él, España se aleja de los puestos más altos del ranking que había liderado en los tres reportes anteriores. Sin embargo, surgen algunas preguntas: ¿Cuál es la lectura que debemos hacer de esos datos?¿Existe un problema real en España con la libertad de expresión?¿Qué medidas habría que tomar para que estas condenas dejaran de producirse? Para responder a estas y otras preguntas, nos hemos puesto en contacto con Alberto González, asesor jurídico y experto en libertad de expresión y propiedad intelectual, además de activista y miembro del Instituto de Arte Contemporáneo de España.
Sobre la primera pregunta y la controversia creada en los medios de comunicación sobre el dato de los encarcelamientos en España, aclara que “mucha gente no ha atendido a que cada informe se hace a año vencido, como debe ser. Además, al final se indica precisamente que esta situación es transitoria porque no son sentencias firmes. Es cuestión de tener voluntad para leerlo todo y no quedarse únicamente con el titular.”
El dato concreto que desvela el informe de 2020 es de 14 artistas encarcelados en nuestro país a lo largo del 2019: “Ese dato ya se ve en 2018, pero en ese momento Freemuse no era conocido en España. En el momento en que La Insurgencia tiene 12, sumados a Pablo Hasél y Valtonyc, ya son 14. De hecho, la primera sentencia que condena a los miembros de La Insurgencia es de dos años y medio, por lo que iban a ir todos a la cárcel. De ahí que en 2018 y 2019 esté como país con más encarcelados del mundo”.
Sin embargo, Alberto González explica que estos no aparecen en el nuevo informe porque el año pasado el Tribunal Supremo rebajó a 6 meses la condena de los miembros de La Insurgencia, evitando así su entrada en prisión al tratarse de una pena inferior a dos años: “Da igual que finalmente no entraran en la cárcel, el problema es que tienen sentencias de cárcel. A nivel fáctico, en España están habiendo sentencias de cárcel, que después no entren es totalmente irrelevante para mí como jurista”. Además, indica que “en España tenemos un problema increíble con la libertad de expresión que viene desde el año 2015 y que es la Ley Mordaza”.
Ley mordaza
La Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza por su carácter restrictivo, fue aprobada en el Congreso por el Partido Popular en solitario, que se valió de la mayoría absoluta que poseía en ese momento para sacarla adelante a pesar de los votos en contra del resto de los partidos de la cámara. Este hecho es importante ya que las leyes orgánicas son aquellas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, por lo que necesitan de una mayoría absoluta en el Congreso para poder ser aprobadas, derogadas o modificadas. Es por ello que Alberto González ve muy difícil un cambio a corto plazo: “Lo normal es que las leyes sean ordinarias, es decir, con la mitad más uno de los votos sale la ley. Una ley orgánica necesita de una mayoría absoluta para salir adelante, algo que actualmente en el Congreso es complicado de conseguir.”
“Tiene que haber un Estado garantista que tenga mano izquierda y sea empático con el ciudadano”, reflexiona González, que lanza la siguiente pregunta: “¿Cómo vas a ser empático con el ciudadano cuando tienes una ley de seguridad ciudadana en la que dice que lo que diga la Policía va a misa y no tienes ninguna posibilidad de recurrir porque el policía va a tener siempre la razón?”. Al preguntarle si hay alguna norma similar que penalice la libertad de los artistas en otros países europeos, responde que “la cultura es un reflejo de los problemas sociales que tenemos. No solo en España, pero en España especialmente porque no hay ninguna ley en Europa como la ley de seguridad ciudadana”.
El caso Pablo Hasél
La entrada en prisión de Pablo Hasél ha sido una de las condenas más polémicas de los últimos meses, que se suma a otros casos como los de La Insurgencia, Valtonyc u otros artistas de diferentes ámbitos como el del colectivo Homo Velamine o los documentalistas Clemente Bernal y Carolina Martínez. Pero, ¿debería entrar Pablo Hasél en prisión por los delitos de los que se le acusa? Alberto González opina que sí, ya que en su caso “es una acumulación de penas y hay un enaltecimiento del terrorismo muy claro, otra cosa es que pensemos que esto no debería estar tipificado con cárcel”.
Sin embargo, critica la ambigüedad de la Judicatura y de la definición de algunos delitos: “Lo que yo critico es la doble vara de medir. No se trata de que Pablo Hasél no haya cometido un delito, se trata de que todos los grupos de extrema derecha lo han hecho mil veces y no les pasa nada. No entiendo cómo la Judicatura es tan ambigua como para aplicar los preceptos penales únicamente dirigidos hacia personas o colectivos de una orientación política. Para la izquierda sí, pero para la derecha no”.
Sobre los delitos de los que se acusa a Hasél, González señala que el concepto de enaltecimiento del terrorismo es muy ambiguo y que los insultos al rey pueden pasar de ser considerados injurias a la corona a delitos de terrorismo porque “se está hablando del Estado, más que de alguien en concreto. Se está hablando de elementos como la monarquía que forman parte de la esencia de la democracia española, entonces eso ya cuenta como atentado contra el Estado”. De hecho, comenta que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva años detrás de España para que cambie esto”, pero que debido a la falta de voluntad política nunca se ha llevado a cabo.
Por último, al reflexionar sobre si se está criminalizando al rap en España por este tipo de condenas, Alberto González responde de la siguiente manera: “Todo esto le está haciendo daño al rap porque el rap no tiene por qué ser violento, es una lacra criminal que arrastra desde los ochenta. Cuando aportas a que exista o se mantenga un estado de criminalización sobre una disciplina, estás evitando que se reconozca la integridad y la profesionalización de esa disciplina”.
En Estados Unidos, lugar donde nació este género musical, no se persiguen tanto las letras de los artistas, pero González añade que sí existe una criminalización del rap porque “se le ha identificado con un montón de delitos como la tenencia de armas, el asesinato o el tráfico de drogas”, por lo que se pregunta hasta qué punto es positiva esa forma de entender la libertad de expresión como libertad absoluta dentro de la esfera individual, tal y como ocurre en un país de corte liberal como el norteamericano.
